Las sanciones administrativas durante el estado de alarma: un elemento más en la escalada de la represión

cartel eh.lahaine.org. Askatasun Kolektiboetarako Abokatuak (AKAB).- Las sanciones administrativas durante el estado de alarma: un elemento mas en la escalada de la represión.

El Departamento de Seguridad ha informado que ya ha abierto los primeros 250 expedientes sancionadores por desobediencia a la autoridad en situación de emergencia sanitaria. En base a lo anterior, el 30 de marzo se comenzó a notificar a las personas sancionadas, imputándolas a todas ellas por infracción grave y proponiéndoles a cada una de ellas una sanción de 602 €.

Ante esto, desde el colectivo Askatasun Kolektiboetarako Abokatuak (AKAB) queremos difundir nuestra lectura y abrir un debate al respecto.

El procedimiento sancionador debería paralizarse durante el Estado de Alarma

En primer lugar, jurídicamente este procedimiento nos genera serias dudas. El Real Decreto de 14 de marzo establece la suspensión de todos los procedimientos administrativos durante el Estado de Alarma, si bien especifica que: “no obstante lo anterior, el órgano competente, mediante resolución motivada, podrá adoptar las medidas de ordenación e instrucción preceptivas para evitar perjuicios graves a los derechos e intereses del interesado en el procedimiento, siempre que el interesado manifieste su conformidad o el interesado manifieste su conformidad con la no suspensión del plazo”.

Es decir, la excepción se concretaba para proteger los intereses individuales (por ejemplo, una persona que está a la espera del permiso de residencia).

Existe una segunda excepción: “sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, a partir de la entrada en vigor de este real decreto las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de los procedimientos administrativos que estén íntimamente vinculados a los hechos que justifiquen el estado de alarma o que resulten imprescindibles para la protección del interés general o el funcionamiento básico de los servicios.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el presente, sólo continuaran los procedimientos administrativos que guarden especial relación con las razones que justifican la declaración del Estado de Alarma o aquellos que estén íntimamente ligados al interés general o con el funcionamiento de los servicios básicos.

Esta última excepción, la que permite en ciertos casos la continuación de procedimientos administrativos, nos genera serias dudas en lo siguiente: determinar qué hechos pueden estar íntimamente relacionados con los hechos que justifican el Estado de Alarma. Para ello no tenemos más que mirar el decreto RD 463/2020 que establece la situación de emergencia, y éste en su tercer párrafo dice: “En este marco, las medidas previstas en esta norma se enmarcan en la firme posición del Gobierno de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, mantener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas especiales temporales que se han adoptado en todos los niveles de gobierno deben intensificarse de inmediato para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico”.

Estas son sólo las únicas razones por las que se establece el Estado de Alarma, por lo que los hechos o hechos concretos deberán estar íntimamente relacionados con ellos para que no se suspenda el procedimiento administrativo. Lo que está claro es que la desobediencia a la autoridad no es una de las causas de no suspensión del procedimiento administrativo. La única relación que tienen estas denuncias con la situación de emergencia es que se refieren exclusivamente a hechos o hechos acaecidos en este contexto, lejos de la vinculación estricta que exige el Real Decreto.

El Departamento de Seguridad señala que “se dará prioridad a la tramitación de estos procedimientos sancionadores, aunque para ello existe un plazo de un año desde la comisión de la infracción”. En efecto, este acuerdo adoptado en nombre del interés general obedece a intereses particulares, ya que la urgencia en la tramitación de estos procedimientos no se ajusta a la realidad: no sólo porque la propia Situación de Alarma haya suspendido los plazos administrativos, sino porque el régimen del procedimiento sancionador concede un margen de un año para su tramitación. De este modo, se pone de manifiesto la agenda represiva de las autoridades como pilar fundamental de su estrategia de salida ante la emergencia sanitaria.

Se vulnera claramente el derecho constitucional a la defensa jurídica

Este punto es de vital importancia, ya que la tramitación de estos procedimientos sancionadores en el seno de la Situación de Alarma vulnera gravemente el derecho a la defensa. En primer lugar, porque es imposible recibir el asesoramiento adecuado de un abogado sin tenerlo en frente, lo cual no se puede llevar a cabo en una situación en la que la libertad de movimiento está limitada. La dinámica que se genera en la entrevista presencial es imprescindible para explicar bien a la defendida la dinámica del procedimiento (muchas veces se necesitan gráficos), también es imprescindible para que la denunciada pueda dar su versión de forma serena y en una situación cómoda… En las conversaciones presenciales se aclaran mejor las dudas, el abogado recibe pequeños detalles que pueden ayudarle, también es más fácil obtener y canalizar pruebas de defensa …

Y si esto tiene importancia en un procedimiento que se da en los Juzgados, más aún en el caso del procedimiento administrativo sancionador. Este procedimiento tiene sus peculiaridades, ya que, por un lado, la policía denunciante (entendida como institución) es la que instruye o investiga la denuncia y resuelve al respecto. Este procedimiento sitúa al denunciante (la policía) y al juez en el mismo lugar.

Además, en este tipo de procedimientos, las palabras policiales se consideran verdaderas sin necesidad de prueba alguna, es decir, la presunción de inocencia tan conocida (todas somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario) no existe y estamos en una situación inversa, ya que la denuncia policial contra ti se considera veraz salvo prueba en contrario, y no es tarea fácil.

Ahora bien, la vulneración del derecho a la defensa es mucho más elemental, ya que la limitación de la libertad de movimiento dificulta mucho encontrar una abogada. Aunque en los procedimientos administrativos no sea imprescindible el asesoramiento de abogado, si se tiene derecho a ello; y en la medida en que esto no se garantiza, se produce una vulneración de este derecho.

Es más, la situación de indefensión de todos los ciudadanos se profundiza notablemente en la imposibilidad de éstos de ver el expediente jurídico. De hecho, dentro del Estado de Alarma, los ciudadanos no podemos acercarnos a la administración sancionadora para analizar el expediente jurídico y actuar en consecuencia de una manera u otra. Tampoco se podría acercar uno a ellos para designar un abogado que haga su defensa. En el fondo, se nos niega la tutela jurídica efectiva que se nos debe a los ciudadanos, se obstaculiza el trabajo de las abogadas y se profundiza en la indefensión del ciudadano ante el Estado.

Además, teniendo en cuenta la composición social de Euskal Herria, ¿se garantizará a quienes no comprendan tan bien el euskera o el castellano un servicio de traducción adecuado? Son muchos y muy numerosos los que necesitan traductores en el día a día de los juzgados porque no son capaces de explicar las cosas al nivel que exige una defensa adecuada.

Más allá de lo jurídico también hay razones: la tendencia represiva va en alza

Son muchas las quejas que nos llegan por la actuación de las fuerzas policiales. Y no es para menos: se están abriendo expedientes por pasear a 300 metros de casa, ir en el mismo coche dos personas una junto a la otra, por ir a comprar al supermercado del pueblo de al lado, porque el pueblo está lleno de gente, porque se ha hecho una cola demasiado larga delante de la tienda, por ir en bicicleta… son muchas, y muchas veces muy contradictorias, las intervenciones policiales de estos días. Y en las denuncias la norma infringida es la de no obedecer a la autoridad.

A raíz de esta situación, la desconfianza de la gente hacia la policía es evidente. Es-tos últimos días se han viralizado dos videos que son muestra de ello: una de una persona que iba a trabajar en bicicleta y otra de los hechos ocurridos en San Francisco. En ambos casos, fruto de la indignación social, se ha producido una intervención administrativa corrigiendo la actuación policial o recriminando una actuación inadecuada.

Lo hemos dicho desde el principio, las normas establecidas por el Real Decreto son muy difusas y, en consecuencia, la competencia interpretativa que se otorga a la policía es enorme. Si a esto añadimos la formación que se recibe en las policías del País Vasco y la gran autoridad que se atribuye a la policía en situación de emergencia, tenemos todos los ingredientes para que la impunidad aflore.

Los datos son muy significativos: 28.480 personas han sido identificadas por la Policía (Ertzaintza y Policías Locales) en la CAV, 17.109 por la Ertzaintza y 11.371 por las Policías Locales. 8.524 denuncias han sido interpuestas por policías vascos, 4.432 por la Ertzaintza y 4.092 por policías locales. A efectos comparativos, desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza (la misma que se aplica actualmente), desde julio de 2015 has-ta diciembre de 2016, según el estudio realizado por Argia, se dieron 8.087 denuncias en la CAV. En 2018 fueron 566 (según datos del Ministerio del Interior) las denuncias interpuestas por la Ley mordaza. En nuestra opinión, esto no hace más que ratificar todo lo dicho anteriormente. (Datos del Departamento de Seguridad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del 16 al 29 de marzo).

Creemos que en este momento estamos ante un choque de dos corrientes. Por un lado, la crítica cada vez más extendida a la actuación policial; por otro, la necesidad de legitimar la institución y su actuación.

Parece que desde el Departamento de Seguridad apuesta por este segundo para poder iniciar los procedimientos administrativos sancionadores y así poder aleccionar a quienes incumplan la norma. Entendemos que esto sólo implica profundizar en la tendencia represiva y nos preguntamos si no existe el riesgo de establecer un Estado policial en el que se pretenda legitimar la actuación policial más extrema. Es más, la impunidad que vive la actuación policial en este contexto de crisis también es denunciable, aprovechando el shock y el miedo de la sociedad para ejercer su autoridad de forma impune y ejerciendo los excesos policiales en el día a día.

Las redes de cuidados organizadas en barrios y pueblos, las redes de defensa vecinal que surgen de aquí y de allá, y otras dinámicas conocidas son una gran oportunidad para profundizar en la construcción de lo que nos une. Esta vía facilitará la comprensión y desarrollo de la salud (otro derecho fundamental) como algo de cuidado colectivo.

Nuestra preocupación es si ahondando en la tendencia represiva no se producirá una tendencia hacia la criminalización de estas redes y agentes. Hay precedentes entre nosotras, y este contexto deja poco margen al optimismo.

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