Contra la criminalización de la protesta social

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Berri Otxoak.- Este pasado jueves 16 de febrero se desarrolló en el Palacio de Justicia de Bilbao un juicio a cuenta de la primera sanción en Bizkaia a raíz de la entrada en vigor de la “Ley de protección de la seguridad ciudadana”. Multa que se incoó en el trascurso de los actos de protesta que se convocaron en Bizkaia contra la entrada en vigor de la “Ley Mordaza”, el 1 de julio del 2015.

Se ha remitido sentencia -contra la cual no cabe recurso- de este juicio: la cual anula la sanción impuesta por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Donde se remarca que “el Derecho Fundamental de Reunión es un derecho básico de la libre expresión, por lo que el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser nunca motivo de sanción”.

Ley Mordaza!!

Ante esta resolución se solicita al “Departamento de Seguridad” el suspender las sanciones que ha incoado. En concreto, desde el 28 de junio hasta el 31 de noviembre del 2016 el “Departamento de Seguridad” del Gobierno Vasco ha abierto 1.478 expedientes.

Siendo importantes las cuantías de las multas: las cuales van desde los 300 euros hasta los 1.500 euros. La aplicación de la “Ley Mordaza” en la CAPV entre el 28 de junio hasta el 31 de noviembre ha supuesto sanciones por un importe de 328.827 euros.

Comunicado

Este pasado jueves 16 de febrero se desarrolló en el Palacio de Justicia de Bilbao un juicio a cuenta de la primera sanción en Bizkaia a raíz de la entrada en vigor de la “Ley de protección de la seguridad ciudadana”. Multa que se incoó en el trascurso de los actos de protesta que se convocaron en Bizkaia contra la entrada en vigor de la “Ley Mordaza”, el 1 de julio del 2015.

Se ha nos remitido sentencia: la cual anula la sanción impuesta por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. En concreto, en esta sentencia se recogen parte de los planteamientos esgrimidos en el trascurso de este juicio celebrado en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Bilbao.

Sentencia absolutoria

En el trascurso de este juicio se tuvieron en cuenta los pronunciamientos del “Tribunal Europeo de Derechos Humanos” y del “Tribunal Constitucional” entorno al “Derecho Fundamental de Reunión” “como derecho básico de la libre expresión”. Así, en sentencia firme el Tribunal Constitucional señalaba que “el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser nunca motivo de sanción. Siendo obligación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el proteger el libre ejercicio de derechos y libertades”.

En este sentido la sentencia emitida -contra la cual no cabe recurso- da un severo rapapolvo al Departamento de Seguridad. En la medida que señala “En tal sentido, el  derecho a la  presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba (onus probandi) corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio. Efectivamente, la carga de probar los hechos constitutivos de cada infracción corresponde ineludiblemente a la Administración Pública actuante, sin que sea exigible al inculpado una “probatio  diabólica” de los hechos negativos”.

Además remarca: “en definitiva, la existencia de un acervo probatorio suficiente, cuyas piezas particulares han de ser obtenidas sin el deterioro de los derechos fundamentales del ciudadano… En conclusión, la presunción de veracidad de una denuncia suscrita por agente de la autoridad, dependerá de que los hechos reflejados en la misma se acompañen todos los elementos probatorios existentes, por cuanto el conocimiento concreto de estos elementos es fundamental para el particular sujeto a una medida sancionadora para poder articular su derecho a la defensa con igualdad de armas”.

Contra la criminalización de la protesta social

Ante esta resolución queda más que evidente la vulneración de derechos que supone la aplicación de la “Ley Mordaza” por lo que exigimos al Gobierno Vasco la aplicación de la resolución realizada por el Parlamento Vasco el 28 de junio del 2016 de no aplicarla. Esto nos lleva a solicitar al “Departamento de Seguridad” el suspender las sanciones que ha incoado. Hay que tener en cuenta, y según datos del propio Departamento, la “Ley Mordaza” se aplica con una media de nueve multas al día en la CAPV.

Así, desde el 28 de junio hasta el 31 de noviembre del pasado año se ha abierto 1.478 expedientes sancionadores: 691 en Gipuzkoa; 626 en Bizkaia; y 161 en Álava. Siendo Donosti la ciudad que encabeza este ranking con 189 multas, seguida de Bilbao con 160 y Gasteiz con 134.

Volvemos a remarcar que existen partidos qué dicen una cosa en Madrid y, sin embargo, aquí aplican importantes multas: entre 300 y los 1.500 euros. La aplicación de la “Ley Mordaza” en la CAPV entre el 28 de junio hasta el 31 de noviembre ha supuesto sanciones por importe de 328.827 euros.

Colectivos Sociales de Bizkaia:
Argilan, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak (Barakaldo), Brujas y Diversas, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos/Besarkatuz, SOS Racismo-SOS Arrazakeria, PAH Bizkaia-Kaleratzerik EZ!